Fotos: Ezequiel Pontoriero

Por Pablo Dipierri

Ni los 90’ ni el 76’. Más bien, una mezcla cuidadosamente diseñada de ambas, con la adición de la pacatería del onganiato, la persecución de los fusiladores del 55’, la voracidad de los 30’ y el positivismo criminal del roquismo.

En suma, el macrismo es la síntesis acabada de todas las experiencias conservadoras argentinas, una máquina inteligente que aprende por repetición, imitación e inserción de programas actualizados. Por eso, el desenfreno de los últimos días, que no arrancó con el desafuero al diputado kirchnerista Julio De Vido ni termina con la declaración indagatoria a la senadora bonaerense electa por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández.

TONELLI

Para que la vorágine no devore la memoria a corto plazo, se inscribe en la misma lógica el fallo judicial que habilitó al presidente Mauricio Macri para que desplace por decreto a la procuradora Alejandra Gils Carbó, titular del Ministerio Público Fiscal y piedra de toque como contralor de los magistrados del Poder Judicial. Antes de su asunción, Cambiemos blandía la destitución de la funcionaria, designada por el Congreso, como un apellido más de los que tacharía, junto al de Martín Sabatella en AFSCA.

El freno, paradójicamente, no provino de la oposición al gobierno sino de sus propias entrañas. Fue Elisa Carrió quien objetó la bravuconada en su momento y fueron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, quienes sostuvieron la semana pasada que no apelarían al decreto para la remoción de Gils Carbó. Sin embargo, la Justicia ya le desató las manos a Macri.

Furor policial

Ningún opresor se sostiene sin el consenso de una fracción de los oprimidos. Por más minoritaria que fuese, la bulla de los vecinos que acudieron en apoyo moral a la Gendarmería para vivarla y aplaudirla cuando detuviera a De Vido crea sentido y se expande en la ciudadanía.

CARRIOIdéntico análisis se podría aplicar al contexto jujeño, donde incluso los dirigentes tupaqueros reconocen que la saña de los principales medios provinciales cala en los habitantes y la defensa de Milagro Sala recae en los militantes. El asco sembrado por la propia Carrió y los estrategas de Cambiemos, con su ejército de trolls llamando por redes sociales a no consumir el té que comercializa la familia de Santiago Maldonado, se inscribe también en ese andarivel. Una porción importante de la sociedad aplaude la persecución, goza con las sirenas policiales y estaría dispuesta a la restitución de los verdugos para que se estrangule a los disidentes en plazas públicas.

Por lo demás, el grito y las acusaciones de corrupción contra una experiencia popular no son nuevas tampoco. El politólogo Silvio Frondizi, asesinado por la Triple A el 27 de septiembre de 1974, revisó papeles y periódicos fechados en los años de la lucha por la independencia vernácula y halló documentación en la que se imputaba iguales delitos a próceres como Juan José Castelli, Mariano Moreno y al mismísimo José de San Martín. Las elites criollas, al parecer, no cambian nunca.

Y hasta Jorge Altamira, entrevistado recientemente por esta revista para su edición en papel, rememoró cuando lo llevaron a visitar el museo donde los ideólogos de la Revolución Libertadora exhibían las impúdicas y cuantiosas pertenencias de Juan Domingo Perón, el tirano prófugo. Al entrar, notó que sus posesiones eran, incluso, signo de cierta austeridad y transmitió su sorpresa a quienes lo llevaron.

Como sea, a la jauría le sacaron el bozal. Al caso Maldonado, hay que agregarle la cacería y el abuso policial contra las mujeres que marcharon el último 8 de marzo, la represión a los maestros el pasado 2 de abril, los carros hidrantes sobre Avenida 9 de Julio arremetiendo contra manifestantes de la CTEP, la infiltración con servicios de inteligencia y la posterior detención tras la primera marcha a Plaza de Mayo por la desaparición de Santiago, entre otras. Reformulando el refrán, son perros que ladran… y muerden.

Esquizofrenia judicial

El desafuero del diputado De Vido es una operación política y mediática sin sustento judicial, según el abogado y consejero directivo por la minoría del claustro de graduados en la Facultad de Derecho de la UBA, Lisandro Teszkiewicz. Como la actual ley de fueros permite la investigación, el procesamiento e, incluso, el juicio a un funcionario dotado de fueros, el avance de esta causa no requería de su desafuero. A su criterio, “el único sentido es provocar la alarma pública y generar reacciones a través de la propalación mediática de este desafuero y esta detención”.

En ese sentido, detalló que “la Gendarmería procedió al allanamiento de De Vido antes de que la Cámara de Diputados comunicara formalmente a la Justicia la decisión que había tomado”, y se mofó de la inconsistencia porque al momento del diálogo con este medio todavía no estaba protocolizada esa resolución.

Teszkiewicz explicó que “los fueros no protegen al funcionario sino al votante”. “Nuestra Constitución Nacional entiende que, frente a los conflictos de poderes, no hay ningún poder que se imponga sobre la soberanía popular”, argumentó, y añadió: “De Vido, como los demás diputados, representa a una porción del pueblo que lo eligió para eso y, si una persona fue elegida por el pueblo para ejercer alguna magistratura, tiene inmunidad de arresto no por él sino en defensa de sus representados”.

Teszkiewicz: “los fueros no protegen al funcionario sino al votante”

El sistema argentino prevé un camino más drástico y es el del juicio político pero allí los que pretenden el desafuero precisan dos tercios de los votos de la cámara. La otra opción sería que se aguardara a que venza el mandato. Para el letrado consultado, “este es un precedente peligroso porque muchos de los representantes electos por la voluntad popular tienen, con razón o sin razón, causas tramitando en distintos fueros judiciales y si los fueros no son defensa frente al arresto –de hecho, Milagro Sala tiene fueros como parlamentaria del Mercosur y la Corte Suprema no se expide sobre si su detención es violatoria de sus fueros-, se ataca a la república y, todavía más, a la democracia”.

Pero bajo la rimbombancia del circo que se montó esta semana, pasó casi desapercibido que el mismo día que CFK se presentó a declaración indagatoria por la causa que investiga el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA por el memorándum de entendimiento con Irán comenzaron los alegatos del juicio por encubrimiento por el mismo atentado pero con distintos acusados, entre los que se cuentan desde Jorge “Fino” Palacios hasta el senador riojano reelecto Carlos Menem. La incongruencia es brutal: el juez Claudio Bonadío atribuye el encubrimiento a la ex presidenta por haber postulado, en acuerdo con familiares de las víctimas, la investigación a los iraníes –que nunca entró en vigencia y, por ende, carece de validez jurídica- y en un juzgado vecino, un par de pisos más abajo, se acusa a otros ex funcionarios por sembrar pistas falsas que desvirtuaron la hipótesis de que los autores del atentado fueran los sirios. Así las cosas, el único criterio que explica el bamboleo impúdico en Comodoro Py es la esquizofrenia judicial por revanchismo político.

Y en esas condiciones, el razonamiento resulta imposible. O Menem y compañía encubrieron a los sirios o la ex presidenta a los iraníes pero no pueden haber encubierto los dos.

Anomia social

En medio de un clima tenso entre los sectores organizados, pulula el rumor de que el desafuero de De Vido es el puntapié inicial para la impugnación de la asunción de la ex jefa de Estado. Aun cuando se esparza cierto raquitismo político en gruesas capas sociales, la indiferencia las mantenga scrolleando en Facebook y empalidezca el compromiso general con la defensa de los derechos adquiridos, el Gobierno camina por un desfiladero angosto.

La combinación del ajuste con la domesticación sindical y el robustecimiento de una oposición dócil más la supresión de voces críticas en el ágora mediática podría descompensarle el delicado desequilibrio en la balanza para la transferencia de recursos y la restauración de privilegios. Sobre todo, si impide que la senadora opositora más votada en el área demográfica más densa y caliente ocupe su escaño.

Constituye, además, un desafío explícito que ayer se comunicara desde el Instituto Patria que ella está dispuesta a retomar su agenda internacional. “Conmigo no van a poder”, dijo en la puerta de los tribunales, y por la tarde despachó ese texto por el cual informó que “se encuentra estudiando la continuidad de la gira que comenzó en mayo de este año e incluyó disertaciones en Atenas y Bruselas”. La pelota quedó en campo de Bonadío, quien debe autorizar su salida del país pero tampoco querrá incinerarse.

Los especialistas ya tildan la crisis actual como un estado de excepción. Si suspendieran también la garantía de la representación de la soberanía popular en el Congreso, los peores fantasmas del pasado podrían hacerse carne en el presente para demostrarle al macrismo que los argentinos suelen apostar al final terrible antes que al terror sin fin.