Como alcalde porteño, Macri hostigó a los magistrados que emitieron fallos adversos a sus deseos. Los recusó y los consideró “enemigos” de la Ciudad.Incluso, buscó modificar las normas para apartarlos sin dar explicaciones y facilitarel juicio político.

“Creo en una justicia independiente a la que se la deje trabajar en plenitud”, dijoMauricio Macri pocos días antes del balotaje que lo depositó en la Casa Rosada. Ya como presidente, intentó designar por decreto a dos juristas de su confianza en la Corte Suprema, eludiendo el paso por el Congreso. El escándalo fue tal que Macri tuvo que dar marcha atrás y terminó por enviar los pliegos de sus postulantes al Senado. Luego llegó la avanzada del juez Claudio Bonadio contra Cristina Fernández y varios ex funcionarios. El kirchnerismo repudió al magistrado y lo acusó de actuar en tándem con el PRO. La sintonía entre las decisiones de Bonadio y los deseos políticos de Cambiemos acumulabaentonces varios antecedentes, incluidos los allanamientos al Banco Central y el AFSCA, el uso de la Policía Metropolitana para un operativo en Río Gallegos y una sonriente foto del juez junto al radical Ernesto Sanz.

En plena campaña, la crítica al FPV por su puja con los sectores más toscos de la familia judicial había funcionado como un eficaz ariete para el macrismo, tanto que le sigue sacando jugo:ahora desde Balcarce 50, el partido amarillo sostiene que la profusión de causas contra la administración anterior responde a una justicia que hoy actúa “en plenitud”.Sin embargo, el propio Macri podría tener un lugar en los récords Guinness por su combate a los jueces que lo cuestionaron en sus tiempos de alcalde porteño. Entre otros hitos, en menos de un año llegó a recusar a un mismo magistrado de la Ciudad –es decir, intentar apartarlo– en más de 760 expedientes. Esta inédita recusación masiva se completó a principios de septiembre de 2008 y tuvo como blanco a Andrés Gallardo, titular del Juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, cuyo despacho un día quedó literalmente vacío.Gallardo había ordenado allanar varias dependencias públicas, luego de que el jefe de gobierno faltara a una audiencia donde debía explicar por qué no acató un fallo que mandaba brindar asistencia médica a las familias alojadas precariamente en el Parque Roca, tras la muerte de un bebé. Días después, la Cámara de Apelaciones terminó echando por tierra la mega recusación.

 

Apartando jueces

Desde sus comienzos en la Ciudad, el macrismo se mostró belicoso con los integrantes de la Justicia local que obstaculizaban sus planes o que, mediante fallos, canalizaban los reclamos de los sectores más vulnerables. La recusación se convirtió casi en un acto reflejo del PRO, que a través de la Procuración accionaba sobre varios integrantes del fuero Contencioso Administrativo y Tributario –encargado de los litigios contra el Ejecutivo–, poniendo en duda su imparcialidad.Estos jueces se volvieron un problema para Macri, que les atribuyó una motivación política y hasta una inquina personal, y los consideró una traba para ejecutar sus políticas en materia de educación, salud, seguridad, asistencia social, villas y uso del espacio público. Todos temas sensibles, donde el PRO se jugaba la matriz de su modelo.

Ya en enero de 2008, a un mes de asumir, el ingeniero había recusado a Elena Liberatori, del Juzgado Nº 4. El entonces procurador, Pablo Tonelli –hoy diputado nacional– solicitó apartar a la jueza, que con un amparo había frenado el despido de 2.300 empleados municipales queel flamante alcalde había dispuesto cesantear.Tonelli le endilgó a Liberatori abuso de poder, extralimitarse en sus funciones y falta de imparcialidad. Esta batería de “causas” se repetiría una y otra vez. En algunos casos, como con Gallardo, el PRO le sumaría una “enemistad manifiesta” con la Ciudad. La Cámara aclaró que tal cosa “no puede experimentarse con respecto a una persona jurídica”. Es decir, un funcionario no puede ser “enemigo” de un distrito.

Otro punto alto llegó en mayo de 2010, en medio del conflicto por la designación –finalmente fallida– de Daniela Ugolini, candidata del oficialismo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Cinco magistrados habían dictado medidas cautelares que frenaron el proceso de designación, a raíz de diversas inconsistencias. El PRO los acusó de generar un “conflicto de poderes” y hasta los sentó en el banquillo durante una tensa audiencia pública, donde los funcionarios judiciales denunciaron “un intento de disciplinamiento”.

En ese grupo estaba Patricia López Vergara, del Juzgado Nº 6, a quien la recusación le llegó en septiembre pasado. Había dispuesto una serie de diligencias ante un caso de fuerte impacto para el PRO: la muerte de un chico y la lesión de otros dos en un deteriorado complejo habitacional de Villa Soldati. Losjóvenescayeron desde un sexto piso, cuando cedió la baranda de un edificio que el gobierno local nunca había puesto en condiciones. La jueza allanó el Instituto de la Vivienda, en busca de documentos que mostraran la subejecución de partidas, luego de que la Ciudad hiciera caso omiso a dos sentencias  –de 2011 y 2014– que ordenaban la refacción del lugar. De inmediato, los abogados al mando del procurador Marcelo Conte Grand exigieron apartar a la magistrada por “prejuzgamiento” y por “una enemistad manifiesta y un desprecio por las instituciones de la Ciudad”, a pesar de la mencionada jurisprudencia que rebatía ese argumento.

Como resultado, a López Vergara le sacaron el expediente, que recaló en otro tribunal hasta que la Cámara de Apelaciones tomara una definición. El problema es que esa decisión puede tardar meses, como ocurrió con la fatídica causa por el faltante de más de 200 cadáveres –la mayoría,de bebés– en las morgues de los hospitales públicos a cargo de la administración porteña. Esa investigación apenas tuvo 40 días de actividad contra los más de 26 meses que lleva de bloqueo judicial, fruto de una doble recusación del PRO contra Gallardo y un largo “cajoneo” en la Cámara, en un limbo que aún continúa.

El primer apartamiento fue el 12 de junio de 2013, a 11 días de iniciadas las pericias. A Gallardo lo acusaron de exceder sus facultades, y nuevamente de“prejuzgamiento” y “enemistad manifiesta”. También lo cuestionaron por su “sintonía con la postura del gobierno nacional respecto de la necesidad de una reforma judicial” y hasta se quejaron por su pertenencia a Justicia Legítima. El juez había ordenado múltiples allanamientos en depósitos de cadáveres, donde registró instalación en estado calamitoso y una falta total de controles. En la Cámara, el caso se congeló por 9 meses. El expediente le había recaído a Pablo Mántaras, del Juzgado Nº 3, pero de inmediato lo remitió al tribunal de alzada ante una consulta. Recién el 29 de mayo de 2014 la Sala III denegó el planteo del PRO y regresó la causa a Gallardo. Apenas la tuvo hasta el 3 de julio, cuando el macrismo volvió a apartarlo con argumentos calcados. En paralelo, la Procuración había hecho un planteo de “inconstitucionalidad” por el rechazo a su primera recusación y, en queja, llegó hasta el TSJ. En ese laberinto, el máximo tribunal accedió a los deseos del PRO y absorbió todas las actuaciones “hasta tanto exista un pronunciamiento firme (…) respecto de la recusación en marras”, impidiendo así cualquier avance en la pesquisa.

 

Artífices del cambio

La mesa chica que diseñó la estrategia del PRO en material judicial para la Ciudad tuvo tres nombres claves, queno sólo siguen vigentes sino que ganaron poder real: Daniel “Tano” Angelici, presidente de Boca, dirigente de origen radical y con arraigada y determinante incidencia en diversos tribunales; Fabián Jorge Rodríguez Simón, “Pepín”, operador personal de Macri en la Justicia, parlamentario del Mercosur y hombre cercano al Grupo Clarín; y la ascendente gobernadora María Eugenia Vidal. La incorporación de Vidal en este grupo puede resultar llamativa, pero no es más que otra muestra de los talentos que tiene la ex vicejefa porteña. En una segunda línea, con un rol más técnico, aparece Germán Garavano, actual ministro de Justicia de la Nación y antes fiscal General en la Capital.

En 2009, el macrismo había buscado modificar la legislación para volcar a su favor dos variables excluyentes en el ámbito Contencioso: los amparos y las recusaciones. En el primer caso, pedía establecer como nuevo requisito para el demandante presentar una “contracautela”, es decir, un patrimonio con el cual responder. El oficialismo logró este cambio, sin que a la fecha haya tenido un impacto restrictivo significativo. El otro proyecto, que naufragó, buscaba darle al Ejecutivo la capacidad de recusar a un juez sin brindar mayores explicaciones, es decir, sin causa.

Lo que sí consiguió Macri fue que la Legislatura reformara la Ley Nº 31, bajando los votos necesarios para el juicio político de un magistrado. En su redacción original, esa norma exigía una mayoría especial compuesta por un quórum de 7 de los 9 miembros del Consejo de la Magistratura, y dos terceras partes de los votos (6) para poder efectuar la acusación. Por Ley Nº 4.890, el quórum se redujo a 6 y la mayoría para acusar, a 5. La modificación, aprobada en diciembre de 2013, fue recibida con alerta. El estallido llegó con el proceso contra el camarista contravencional Sergio Delgado, que el jury acabó por archivar. Antes, un centenar de funcionarios judiciales advirtieron acerca de “un sistema de control político con mayoría circunstancial”.

En2013 el macrismo dio un paso vital para sus planes, con la duplicación de los juzgados de primera instancia en el Contencioso, que de 12 pasaron a 24. Más allá del argumento que lo presentó como una respuesta ante el desborde de expedientes, la lectura política era simple: era una forma de licuar el componente de magistrados refractarios al PRO.También se agregó una tercera sala a la Cámara, donde los fallos suelen ir irremediablemente en línea con el Ejecutivo.

Todos estos cambios le permitieron a Macri transitar su campaña presidencial sin mayores sobresaltos en el pago chico. Tras 8 años de gobierno, dejó en la Ciudad un Poder Judicial mucho más cercano a sus expectativas. O, al menos, a su idea de “plenitud”.

Por Carlos Romero