Entrevista publicada en agosto, en la edición en papel Nº 7 de Revista Kamchatka.

 

Con los diputados Pablo Tonelli y Elisa Carrió a la vanguardia, Cambiemos acometió en recinto contra su par Julio De Vido, por presuntos desvíos de fondos de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio a través de universidades. A su vez, el edil Eduardo Amadeo adelantó que con gusto tramitaría la impugnación contra Cristina Fernández de Kirchner para que no asuma su banca en el Senado. La ola del activismo judicial contra funcionarios del gobierno anterior, azuzado por la panoplia mediática y alimentado por quirúrgicas filtraciones de inteligencia a la prensa, crece sin control. Kamchatka recurrió al ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, para olisquear una salida. Según el letrado, nunca se dio semejante convergencia de los poderes fácticos y es preciso elaborar una nueva constitución para evitarlo.

¿Qué antecedentes encuentra en la imbricación entre servicios de inteligencia, Poder Judicial y medios de comunicación en nuestro país y qué opinión le merece ese maridaje actual?

No sé si existen antecedentes, pero un servicio de informaciones que se autonomiza siempre es peligroso, más aún que una policía autonomizada. No me resulta nada extraño que caiga en manos del poder de las corporaciones transnacionales en forma directa o indirecta, pues es el poder financiero. Su imbricación con un sector del Judicial es un fenómeno nuevo, no tiene antecedentes más o menos lejanos. Los contactos algo espurios, cuando los había, eran con las policías, pero nunca supe antes de vínculos con la inteligencia en períodos de gobiernos constitucionales. Creo que los antecedentes deben buscarse entre a Justicia federal de la dictadura y sus múltiples servicios de inteligencia de aquella época. El fenómeno actual es de otra naturaleza, pues responde a una convergencia de factores de poder mediante los cuales avanza el totalitarismo corporativo en toda la región: el poder financiero se vale de la combinación de monopolios mediáticos, sectores del judicial y grupos autonomizados de inteligencia para adueñarse de todo, endeudar a nuestros países, difundir el verso de la economía llamada neoliberal, desacreditar e imputar corrupción o lo que sea a cualquiera y, en definitiva, destruir nuestra soberanía. Miremos el espejo de otras naciones latinoamericanas y veremos lo mismo.

Toda la parafernalia mediática apunta a esmerilar la consideración pública de los líderes populares a nivel regional. Si la ley no alcanza, como sucedió con la de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿qué les queda a los pueblos para defenderse?

Los pueblos reaccionarán, tarde o temprano, aunque es deseable que sea lo más rápido posible. La mentira no puede ser eterna. Vendrán nuevas crisis, inevitablemente. El ajuste provoca crisis, no equilibra sino que desequilibra. Esperemos que no nos cueste vidas humanas. Nuestros pueblos son racionales, saben que el camino de la violencia no funciona y, en general, lo rechazan. La salida será siempre la ley, en este caso la ley constitucional: tendremos que repensar el Estado, o sea, hacer una nueva Constitución que cierre cualquier intento de nueva convergencia de los factores de poder de que hablamos. Será indispensable, y se hará, no desesperemos. Pasamos momentos mucho peores y, si repasamos la historia anterior a nosotros, me atrevo a decir lo de que “Dios es argentino”. Pensemos en otros países de nuestra región, que están sufriendo esto de modo mucho más cruel, descarnado, con muertes y miseria extrema. Estamos mal en el avance de este nuevo totalitarismo, pero no somos los que llevamos la peor parte. Saldremos, los pueblos pueden ser anestesiados, pero hasta un punto. Luego, se mueven… nunca se quedan quietos, toda sociedad es dinámica.

La arquitectura jurídica de nuestra democracia es una herencia del iluminismo y expresa determinada relación de fuerzas y ecuación de poder o hegemonía. Si la sociedad está cada vez más fragmentada y bombardeada por los medios y las redes sociales, ¿cómo podría construirse una alternativa que derive en otro orden jurídico, atento a intereses de las mayorías postergadas o los más débiles?

Esa es una tarea política. Hubo momentos en los que el poder colonialista disponía de todo: medios, Poder Judicial, policías, inteligencia, armas. Sin embargo no les alcanzó para sostenerse, el pueblo se impuso. Esto puede y debe reforzarse con esclarecimiento político, boca a boca, en todos lados. ¿No hay maestros maltratados? ¿No hay médicos maltratados? ¿No hay despedidos arbitrariamente? ¿No hay gente apaleada por las policías? ¿No hay jueces y abogados laboralistas injuriados? ¿No hay dirigentes sindicales perseguidos? ¿No hay discapacitados privados de su pensión? Y podría seguir, sin duda. Pues bien: cada una de esas víctimas debe ser un agente de esclarecimiento, una voz que explique y, para eso, deben estar los políticos populares formándolos, sin perder tiempo en internismos absurdos.