Por Rodrigo Garat

La prensa es, como derivado de la imprenta y todo el andamiaje que parió la revolución industrial, un factor fundamental en la expansión del capitalismo. Sustento significante y, a su vez, subsidiaria de las facciones en pugna por la conducción de los Estados mutó siempre al compás de los avances técnicos y, salvo expresiones subalternas, se constituyó desde un principio en apoyatura para la transacción de mercancías, sea para la comercialización de frutos y joyas en los puertos de la Europa que salía del medioevo o la difusión de cotizaciones bursátiles y el precio del dólar en la actualidad.

De modo que, con frecuencia, los editores y periodistas fueron objeto de presiones y censuras, cuando no directamente víctimas del encarcelamiento o la decapitación según las épocas y las crueldades vigentes. Los forjadores de las democracias modernas se encargarían, luego, de garantizarles a los titanes del periodismo ciertos márgenes de maniobra encuadrados pomposamente bajo la libertad de expresión. Y así, la opinión pública se convertiría en un terreno más de la disputa política en clave simbólica, lo que se bautizó más recientemente en estas pampas como batalla cultural.

En ese sentido, no resulta extraño –aunque sí condenable- la forma en que se maneja el Gobierno nacional con los medios de comunicación. Si al kirchnerismo se le atribuyeron pretensiones tales como la prescindencia de los trabajadores de prensa para comunicarse con la sociedad sin mediaciones, el macrismo está pasando a la historia como el viejo patrón de estancia que, pauta mediante -pública o privada, porque los funcionarios son parte de la clase que detenta la propiedad de los medios de producción-, monta una proveeduría a la que todo cronista acreditado debe acudir por mostrador para llevarse el paquetito de bosta informativa que repartirá al aire, posteará en redes o imprimirá en papel.

Que el periodista Luis Novaresio recibiera, entre 2016 y el corriente año, un centenar de miles de pesos en concepto de publicidad para un sitio web que no supera las 25 visitas diarias mientras que Tiempo Argentino quedó en manos de un centenar de redactores y reporteros gráficos -que cooperativizaron la empresa cuando sus dueños se borraron- pero consigue el 60 por ciento de sus ingresos por la venta de ejemplares a sus lectores no es paradójico sino central para entender esta etapa. Porque a través de las arcas públicas y las empresas que aportan al sostenimiento de Cambiemos, la Jefatura de Gabinete orquestó un sistema de premios y castigos para nada novedosa en 200 años de patria periodística. Y apuesta al estrangulamiento financiero de los espacios de comunicación que critican a los suyos o sus políticas, como si los lectores y audiencias no fueran personas de carne y hueso que preceden o trascienden la existencia y el circuito de producción noticiosa. Es decir, ningún lector desaparece de la faz de la tierra o deja de votar porque deje de salir a la calle el diario con el que se informaba. No hay registros de que los oyentes de una radio o los televidentes se desorienten tanto como para convencerse de las bondades de una experiencia gubernamental o se resigne a su aceptación porque ya no se emita el programa con el que se nutría de los avatares públicos.

Por lo demás, el caso de Roberto Navarro y su equipo es el más claro y contundente ejemplo de censura pero no el único desde que asumió Mauricio Macri. A la epopeya del staff de Tiempo Argentino, se suman las listas negras de periodistas que han sido expulsados al ostracismo mediático por su afinidad con el gobierno anterior o la vergonzosa pantomima que hicieron contra Víctor Hugo Morales en radio Continental, antes de que migrara a la AM 750.

Como contrapartida, florecen iniciativas a pulmón de trabajadores de prensa que se animan a la aventura editorial. Ahí están para atestiguarlo los colegas de Contraeditorial o Futurock, por citar sólo dos ejemplos valiosos de hombres y mujeres que apuestan a que una derrota electoral tiene consecuencias políticas pero no produce, automáticamente, arrasamientos culturales. Los que miraban 6, 7, 8 hasta 2015 o seguían la programación de radio Del Plata o Nacional como así también leían revista Veintitrés o Página 12, que pierde paulatinamente el resplandor del producto que fuera antes que asumiera su pilotaje el Grupo Octubre, no dejan de ser quienes son, pensar como pensaban e informarse y buscar los enfoques con los que se identificaban.

Escenario similar, por más odiosas que resulten las comparaciones, se vivió tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955. Los militares de la Revolución Libertadora aplicaron una censura brutal sobre la radio, la prensa escrita y la todavía incipiente TV. Hasta le devolvieron el diario La Prensa a la familia Gainza Paz, dueña original hasta que el peronismo lo expropió y lo puso en manos de la CGT. Sin embargo, emergieron cientos de periódicos y hojas sueltas que corrían de mano en mano y servían nada más y nada menos que como organizadores de la resistencia.

Cualquier parecido con la realidad a la que se asiste hoy no es mera coincidencia. Hay cosas que nunca cambian.