Por Augusto Taglioni

Santiago Maldonado trascendió fronteras. Su desaparición se transformó en agenda prioritaria para organismos internacionales y se manifestó en reuniones bilaterales. En todos los casos, el Gobierno ni siquiera ensayó una respuesta, al menos formal, al tema.

Los medios de prensa más importantes del planeta tomaron el tema de manera seria y responsable, al contrario de los vernáculos, que pusieron su interés particular por sobre el interés general y se dedicaron a la difusión de pistas falsas para correr la responsabilidad del Estado en el hecho. Los diarios españoles El País y El Mundo, el New York Times, BBC y The Guardian de Inglaterra, O Globo de Brasil, La Tercera de Chile o El País de Uruguay fueron algunos de los que siguieron el tema desde el 1 de agosto, cuando se produjo la desaparición forzada.

Por ejemplo, El País y La Vanguardia publicaron informes sobre la cronología de la desaparición con testimonios de las partes, tanto de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como de la comunidad de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, la Justicia y los organismos de derechos humanos. Por su parte, la BBC se enfocó en el temor a declarar de los mapuches, por las constantes amenazas de la Gendarmería y el hostigamiento en general que recibieron de parte del Estado. También el sitio informativo francés L´insoumission incluyó artículos sobre la desaparición de Maldonado en la misma sintonía que los medios de comunicación de la región, como Telesur o el periodista de televisión boliviana Fabián Restivo -que habló de la responsabilidad del Estado-.

Una vez más, como en los peores momentos de la historia, los medios masivos de comunicación intentaron con todo su poder de fuego correr el eje y defender al macrismo. Sin embargo, la realidad no se pudo tapar para ser tapa de los principales medios del mundo.

Un problema diplomático

El gobierno de Mauricio Macri prometió devolver a la Argentina al mundo. Sea lo que fuere que significa este eslogan, es necesario remarcar que en estos dos años el país volvió a ser tema de debate en ámbitos que desde hace tiempo estaba ausente, como el Comité contra Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Esta institución internacional exigió “la acción urgente del Estado para buscarle y localizarle” el 7 de agosto, 6 días después de la desaparición de Maldonado. A pesar de este pronunciamiento de la ONU, los funcionarios gubernamentales decidieron negar la idea de desaparición forzada y continuaron con la defensa de la Gendarmería.

Casi un mes después, el 5 de septiembre, la ONU volvió a escena a través del titular de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amerigo Incalcaterra, quien expresó su preocupación por la falta de progreso de las investigaciones que se están llevando a cabo. Otra vez, el gobierno optó por ignorar este llamado de atención, al punto que el 12 de setiembre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, le informó a Incalcaterra que no iban a convocar a una comisión para investigar la desaparición.

Amnistía Internacional también intervino. Al cumplirse un mes de la desaparición, le exigió “la adopción de todas las medidas necesarias a para dar con el paradero de Santiago Maldonado de forma urgente, que se avance en investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los hechos perpetrados el 1° de agosto en la comunidad Pu Lof en Resistencia, que se hagan públicos sus resultados y lleven a los responsables de violaciones a los derechos humanos ante la Justicia y que se adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad física de los mapuches, además de publicar un video institucional en su página web.

Por su parte, la CIDH -dependiente de la OEA- dijo el 22 de agosto que se trataba de una “situación de grave riesgo”. El propio titular del organismo, Francisco Eguiguren, dijo el 10 de octubre que “estamos ante una situación de emergencia grave que hay que esclarecer” y el Ejecutivo de Mauricio Macri ya ha tenido “un tiempo prudente para que la investigación avance”.

El próximo lunes habrá una audiencia en Montevideo en la que el presidente, o el funcionario que asista, deberá brindar explicaciones. El tema se trasladó a las diferentes reuniones formales del presidente con funcionarios de su gobierno. Sin ir más lejos, los artistas Bono y Residente -de Calle 13- le preguntaron al Jefe de Estado sobre el caso, y otro referente de la cultura, como Manu Chao, se hizo eco del reclamo.

Tal como sucede con el caso Milagro Sala, al gobierno no le mueve un pelo lo que dice la ONU, la OEA o Amnistía Internacional, y eso, en un país que se precie de democrático, es muy grave.

El mundo recibe a la Argentina con preocupación y lo que se suponía que era una política de estado relacionada con la defensa de los Derechos Humanos, reconocida por la misma comunidad internacional que hoy pide explicaciones,  se desvanece como arena entre las manos.

En el plan oficial, entrar el mundo era solo para comerciar, y ni siquiera. Se están dando varios pasos atrás para dar ninguno hacia adelante, en materias en la que el país supo ser vanguardia.