El ministro de Seguridad y Justicia porteño recibió a Kamchatka y dijo que “a la brevedad” no usarán las pistolas eléctricas Taser, que las policías no van a pedir documentos fuera de los operativos y que está en contra de los cortes de calles. Se diferenció de la ministra nacional  al mostrarse proclive a la negociación con los manifestantes bajo la idea de “cuidarlos”.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Corte Suprema autorizaron el uso de las pistolas
eléctricas Taser, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Están convencidos de usarlas?
MO: Lo que el TSJ dijo, más que autorizarlas, es que las Taser son un elemento más de la
seguridad y que no hay ningún motivo para que se las impugne. Nosotros coincidimos con ese
planteo, porque entendemos que son elementos de seguridad que son no-letales y que
pueden servir en algún caso, pero la verdad es que nosotros no tenemos pensado utilizarlas en
este tiempo. A la brevedad, no está en nuestros planes.
Otro fallo del TSJ autorizó a los policías a solicitar documentos a los ciudadanos. Allí los
policías tienen alguna limitación, se pueden pedir en un operativo, pero no puede pedirlos
en cualquier circunstancia. ¿Es verdad eso?
MO: A nosotros, el criterio del TSJ nos parece acertado, en el sentido de que dice: Bueno,
usted tiene la facultad legal para pedir documentos para identificar a alguien, pero no lo puede
hacer de cualquier manera. Yo no te puedo agarrar a vos porque se me ocurrió, por tu cara,
por el color de tu piel o porque no me gusta tu ropa. Tiene que estar enmarcado dentro de un
procedimiento de seguridad. Si se hace un control en la calle, se puede pedir identificación. Si
se está buscando a alguien en particular, lo podés hacer. Si alguien está a punto de cometer un
delito, lógicamente se puede identificar a la persona, porque es parte de la mínima situación
en que un fiscal puede dar la orden a la Policía para detener a alguien. Allí sí se puede hacer.
Hace unos días se pudo ver a policías que eran parte de los que fueron transferidos a la
ciudad desde la Policía Federal, en un desagradable operativo, en el que tenían a un grupo
de trabajadores de cara a la pared y les pedían los documentos. No sé si estaban en un
operativo especial…
MO: Yo tampoco lo sé…
¿Pueden pedir documentos en esas ocasiones? Porque aparentemente eran personas que
salían de trabajar. ¿Ustedes abogan por esos procedimientos?
MO: No, los operativos se hacen cuando hay que hacerlos, no le esquivamos a la
responsabilidad. Lo que sí sabemos es que no queremos a discrecionalidad. Es decir, personas
que hagan esas cosas que describís.
El comisario Evaristo Meneses decía, en los ’60: “me gusta éste” e iba, lo detenía, le pedía
documentos y hasta a veces se lo llevaba preso.
MO: Bueno, eso hay que hacerlo, pero bien, dentro de las limitaciones de la ley.
Más allá de todo, se lanzó un Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado
en Manifestaciones Públicas y ustedes lo van a aplicar. ¿Qué se va a hacer en la ciudad con
ese Protocolo?
MO: No fue una propuesta sólo de la Nación. Fue una propuesta de todos los ministros de
Seguridad de la Argentina, salida del Consejo Federal de Seguridad. Son líneas directivas. El
Protocolo es una orden a las fuerzas de seguridad, es una manera de indicarles de qué forma
actuar. Ahora, ese Protocolo está siendo sometido a consulta pública, está dentro de un
proceso de participación ciudadana, en el que la gente hace sus propuestas y cada una de las
provincias tendrá que ver qué hace con el Protocolo, si lo integra a su normativa interna. En
esto es muy importante el Código de Procedimientos, los Códigos Contravencionales, que cada
provincia tiene el suyo y son distintos. Las conductas que tienen que ver con el corte de calles,
a veces, tienen que ver con el Código Contravencional en algunas provincias.
¿Están de acuerdo con la afirmación de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que dijo:
“les decimos que se vayan y, si en cinco minutos no se van, los sacamos”? Así lo “vendió al
público” al menos. ¿Van a hacer eso mismo?
MO: Nosotros estamos de acuerdo con la idea de que no hay que cortar las calles, primero. Se
puede protestar, se puede marchar, se puede peticionar a las autoridades, pero hay que
hacerlo de la manera en que se moleste menos al prójimo. Todos podemos ejercer nuestros
derechos en el espacio público. Obviamente, que eso que dijo la ministro sobre los tiempos es
una manera de explicitar esa idea. La idea es hacer del espacio público un espacio más
armónico, donde podamos convivir todos. Lo que no se dice sobre el Protocolo, que me parece
buenísimo, es que abre un espacio de negociación y de compartir: vos me informás qué vas a
hacer y yo te digo cómo se puede hacer de mejor manera. La idea es también cuidar a quienes
se manifiestan, porque no se trata sólo de cuidar el tránsito, sino a ellos.
¿De quién partiría la orden de reprimir, en el caso de que haya un conflicto que no se
resuelve? ¿Emana del jefe policial o de la autoridad civil?
MO: Según en qué circunstancias. Cuando hay una situación de emergencia, se interviene por
Protocolo policial, como en el caso del paso de una ambulancia o un carro de bomberos o si se
afecta la seguridad del Estado, lo que daría el paso a que intervenga la Policía Federal.
También si se incomunica una ciudad, todo esto da paso a una intervención directa de la
Policía. Nosotros tenemos tabuladas las ocasiones en que se requieren intervenciones. En
todas las demás situaciones, hay que tratar de pacificar. Lo primero es hablar con los
manifestantes, convencerlos de que tienen que dejar espacios para que pasen vehículos. Igual,
si la manifestación es grande, no se puede hacer otra cosa que planificar el corte, porque 100
mil personas te cortan una calle indefectiblemente. Nosotros, allí tenemos que planificar el
tránsito y los servicios de emergencias, para que todos se sientan cuidados.
Protocolo, Urbanidad y Cortesía
Por Horacio Ríos
El 16 de febrero último, en una reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior realizada en
Bariloche, el Ministerio nacional del ramo impuso a los ministros provinciales de todo el país
un llamado Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones
Públicas que revierte radicalmente la política que llevó el Estado nacional durante los últimos
12 años. En primer lugar, la propuesta se contradice con varias normas constitucionales. La ex
defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini, planteó que “choca de frente con el Artículo 14 de
la Constitución, con el Pacto de San José de Costa Rica y con el pacto Internacional de
Derechos Civiles, a los que adhirió el Estado nacional y que tienen, por lo tanto, rango
constitucional”.
La pregunta acerca de la respuesta que daría el Estado, ante una eventual colisión entre el
derecho de circular libremente y el de peticionar ante las autoridades, se torna crucial. Ambos
tienen rango constitucional, pero en el caso del Protocolo, la balanza se desequilibra hacia el
derecho a circular. La situación se vuelve más conflictiva –recuerda Pierini- porque “sólo por
leyes pueden restringirse los derechos constitucionales y las mismas tienen carácter de
excepcionalidad. El Protocolo en análisis no es una ley, sino que es una creación de tipo
administrativo, por la cual una Jefatura superior ordena a sus agentes jerárquicamente
dependientes una serie de instrucciones procedimentales. No se lo puede considerar fuente
del Derecho”.
Hay dos temas más que deben ser resueltos, en especial. El primero es que no figura en
ninguna parte la prohibición al personal de las fuerzas de seguridad de portar armas de fuego.
El segundo es que debería ser agregada la obligación de la presencia de mediadores civiles,
porque un conflicto de este tipo no lo resuelve la Policía. A lo sumo, las fuerzas de seguridad
pueden disolver una concentración, pero el motivo de la protesta sigue existiendo, aún
después de la represión.
El trabajo de los mediadores especializados es fundamental, porque “conflicto que no se
trabaja es conflicto que crece, o echa raíces, o desaparece por un tiempo y luego regresa con
más fuerza”, manifestó Pierini en conversación con Kamchatka. En este sentido, expresó que
“si se lo diagnostica desde los paradigmas del delito, que es el paradigma de la Policía, se lo va
a tratar con la idea del Código Penal en la cabeza, porque para eso están formados ellos. Eso
está bien cuando hay delito, pero lo primero que hay que hacer es no caratular como delito a
la protesta, sino pensarla políticamente”.
Lo único preocupante es que el concepto del Ministerio de Seguridad para lanzar este
instrumento es que se mueve peligrosamente cerca de la penalización, alejándose de la
resolución política de las controversias. Inclusive, en el comunicado por medio del cual se
informó al público del lanzamiento del Protocolo, la frase final fluctúa entre la travesura
estudiantil y la autocomplacencia: “La decisión está. La seguridad vuelve”, rezaba el escrito,
quizás interpretando que nada de lo que se hizo hasta el 17 de febrero de 2016 valió la pena y
que la Argentina nació de nuevo el 10 de diciembre último.
Queda para el recuerdo en la mente del cronista una frase escuchada en una charla informal,
de labios de un policía, que le explicaba en su lenguaje directo, pleno de cemento y picardía,
que “si yo te pego un palazo en la calle, no soy yo el que te lo pega, es la ley”. ¿El signo de los
tiempos que vienen?