La tragedia de Time Warp volvió a salpicar a la Agencia Gubernamental de Control, encargada de las habilitaciones y las inspecciones en la Ciudad. El organismo es un foco de escándalos pero también una usina de cuadros PRO.

Por Carlos Romero

Como ya ocurrió con otros episodios de alto impacto para el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, la tragedia de Time Warp expuso a uno de los organismos más cuestionados del gobierno porteño desde el momento mismo en que el PRO tomó las riendas del distrito: la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Creada en 2008, su rol es sensible: está a cargo de las habilitaciones y las inspecciones a los locales comerciales, y también de vigilar las obras en construcción y garantizar la higiene alimentaria. Es un área caliente y suele quemar funcionarios como si se tratara de fusibles. De hecho, a cinco meses de asumido, su actual director, Matías Álvarez Dorrego, ya tiene un pedido de renuncia. “Es inaudito que hayan designado sólo tres inspectores para un evento en el que se esperaban más de 10.000 personas”, se quejó el legislador Roy Cortina, del Partido Socialista, que reclamó la salida de Álvarez Dorrego tras la muerte de los cinco jóvenes en la fiesta de Costa Salguero.

Pero estos terremotos no son nuevos para la Agencia. Por el contrario, son moneda común, tanto como los escándalos que la salpican. La lista es larga: desde casos resonantes como el derrumbe del boliche Beara y el incendio del depósito de Iron Mountain, al silencioso negocio de los prostíbulos y los talleres clandestinos. Y, sin embargo, el organismo también es una prolífera usina de cuadros para el macrismo, que de forma constante busca promover a quienes pasaron por su estructura. Lejos de la autoproclamada pulcritud de los think tanks y la asepsia política de las ONG’s, la Agencia es, por así decirlo, un semillero en el barro.

Por ejemplo, tres de sus ex integrantes hoy acompañan como directores a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. El más importante de ellos, a cargo de la Dirección Nacional de Investigaciones, es Rodrigo Bonini. Especialista en política criminal, ingresó a la AGC en 2008, nombrado por su primer titular, Federico Young, un ex juez Civil y amigo de la procesista Cecilia Pando. Al asumir en la Agencia, Bonini, que entre 2001 y 2002 fue “analista de información” en la ex Side, recibió críticas de sectores que lo vinculaban con el súper espía Horacio “Jaime” Stiuso y lo señalaban como el armador de una estructura de inteligencia. Bonini desestimó esas acusaciones con éxito y se consolidó a través de varias gestiones cuyas cabezas, en cambio, tuvieron finales estrepitosos. En 2013 fue ascendido a jefe de Gabinete, cuando asumió al mando el ex carapintada Juan José Gómez Centurión.

Antes de la llegada de este militar retirado, Mauricio Macri había elegido como sucesor de Young a Raúl Oscar Ríos, un dirigente de su agrupación en Boca Juniors, quien salió eyectado en 2010 luego del derrumbe de un gimnasio en Villa Urquiza, con un saldo de tres muertos y varios heridos. El reemplazo de Ríos fue Javier Ibáñez, fanático de Atlanta y miembro de la comisión directiva de ese club, que en marzo de 2012 participó de una pelea entre barras del “Bohemio” y Chacarita. Hombre del entorno de Francisco Cabrera, en su administración ocurrió la caída de un entrepiso en la disco Beara, de Palermo. Fue en septiembre de 2010 y dos jóvenes murieron. Si bien la justicia confirmó que la habilitación había sido irregular, incluido el pago de coimas, Ibáñez sobrevivió a la crisis. En 2012, pasó al Teatro Colón y después al Ministerio de Modernización. Y cuando Macri llegó a la Rosada, lo premió nombrándolo al frente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

En parte, el escudo de Ibáñez ante lo onda expansiva de Beara fue uno de sus dirigidos, Martín Farrell, por entonces director de Habilitaciones de la AGC y uno de los tres funcionarios sobre quienes recayó el grueso de las acusaciones. Farell tuvo que renunciar en 2010 y fue imputado, pero eso no impidió que en 2014 el oficialismo lo eligiera como candidato a juez porteño. En medio del rechazo de la oposición y de los familiares de las víctimas, el Ejecutivo envió su pliego en abril de ese año y en junio fue masivamente rechazado por la Legislatura, incluidos los votos del propio macrismo, que terminó por ceder. Esto a pesar de que dos semanas antes Farrell había sido sobreseído. En enero de 2015, la Cámara revocó esa decisión y ordenó seguir investigando a los implicados.

El último jefe de la AGC con Macri como alcalde fue el mayor (R) Gómez Centurión, de actuación destacada en la guerra de Malvinas. En su gestión se incendió el depósito de Iron Mountain, donde 9 bomberos y un agente de Defensa Civil perdieron la vida. Luego del siniestro, se supo que el expediente de habilitación estaba perdido y que se desoyeron informes que advertían sobre un plan de evacuación inadecuado. De todos modos, Gómez Centurión se desembarazó de los cuestionamientos. “Es uno de los personajes negros del gobierno porteño: él desmontó todos los controles en relación a las habilitaciones y permitió que Iron Mountain siga funcionando a pesar de los pedidos de inhabilitación”, denunció el entonces diputado de la Ciudad Alejandro Bodart, de MST-Nueva Izquierda.

Cuando Cambiemos ganó la segunda vuelta presidencial, el ex militar sonaba fuerte para dirigir el Ministerio de Defensa o la Agencia Federal de Inteligencia. El descontento fue mucho, sobre todo por parte de los propios aliados del PRO: el radicalismo no olvidó que a fines de los ‘80 Gómez Centurión se había plegado al levantamiento carapintada de Semana Santa contra el gobierno de Raúl Alfonsín. De todos modos, Macri le encontró un buen lugar como consuelo: lo nombró director General de Aduanas, un puesto clave en la AFIP. En su paso por la AGC, había nombrado a un colega de otra fuerza, el capitán de navío (R) Roberto Wulff Oliver, que ahora es director de Investigaciones de Delitos Complejos en la cartera de Seguridad. Otro pase fue el de Alberto Iannella, que en 2014, interinamente, supo ocupar la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia y a quien la ministra Bullrich designó como jefe de Investigaciones de la Criminalidad Organizada.

El PRO siempre vio a la AGC como un foco de conflicto y por eso se la encomendó a hombres de confianza, con supuesto poder de mando y talento para estar informados sobre el accionar de los inspectores. Tras ocho años, los resultados están a la vista. No impidieron que esos funcionarios le sacaran provecho al semillero más polémico del macrismo.